Editorial

Editorial 56: LA LEGITIMIDAD SOLO PUEDEN DARLA LOS CIUDADANOS

21 Abril, 2017

Fue anunciada una nueva ley electoral en Cuba. Este año debería comenzar un proceso electoral nuevo. Para febrero de 2018 está anunciado un relevo en el cargo de Presidente del Consejo de Estado.

Estos anuncios deberían interesarnos a todos los cubanos y cubanas. Pero no solo un interés curioso y expectante, como quien asiste a un escenario ajeno. Todos somos ciudadanos y, por tanto, todos somos o debemos ser protagonistas de los acontecimientos que marcan la vida social y política de nuestro país.

Aún más, y estas consideraciones pudieran parecer a propios y foráneos una obviedad, no somos otros protagonistas del coro. En una república los ciudadanos son y deben ser los protagonistas principales.

Es por ello que deseamos reflexionar sobre la legitimidad de los elegidos, de los que ostentan cargos de responsabilidad.

En primer lugar, vale también recordarlo, en naciones que aspiran a vivir en democracia, los cargos electivos no son más que servicios públicos y los elegidos reciben un encargo temporal para servir a los ciudadanos, es decir, a la nación.

De ahí el nombre de ministros y ministerios, que vienen del latín minister que significa servidor o sirviente. Esos servidores públicos elegibles necesitan, por lo menos, tres requerimientos: honestidad, competencia y legitimidad. Los dos primeros pertenecen al ámbito de las cualidades adquiridas, y son los actos personales los que pueden y deben demostrar la valía de los elegidos.

La legitimidad de los cargos públicos no es inherente a la persona, sino que debe recibirla de otros que validan su elección y su servicio, así como su posible revocación. El cargo es un encargo. El servicio, una misión recibida. Entonces las preguntas clave serían: ¿Quién o quiénes otorgan el encargo? ¿Quién o quiénes encomiendan el servicio? ¿Quién o quiénes delegan la misión?

En dependencia de lo que se responda a estas sencillas preguntas se podrá evaluar el grado de democracia que existe en un país o comunidad. Esto equivale a decir: ¿qué grado de participación tienen los ciudadanos en la elección de sus servidores públicos?

Terminada una larga etapa épica debe sobrevenir una responsable etapa política; y todos sabemos que política es la búsqueda del bien común de la polis, de la ciudad, de la nación, en su más alto grado. Cuba está ahora mismo en la encrucijada de esos dos tramos históricos. El espíritu y la eticidad martiana, reflejados también en el Manifiesto de Montecristi son, en estos tiempos, luz e inspiración cívica para los cambios pacíficos necesarios.

Transitar pacífica y ordenadamente hacia esa nueva etapa es una aspiración y una tarea que debe involucrar a todos los cubanos y cubanas, como quiera que piensen y donde quiera que vivan.

La gradualidad, la convivencia, la estabilidad y el progreso de la nación crecen directamente proporcionales al grado de participación democrática de sus ciudadanos. Sencillamente porque cada uno podría expresar libremente lo que piensa, podría participar responsablemente en lo que considere su aporte, y podría tener realmente un constructivo sentido de pertenencia. Nadie puede sentirse parte sin ser parte.

Por eso es de vital importancia el tema de la legitimidad de los cargos públicos.

Es bueno no confundir legalidad con legitimidad. La primera la dan leyes y decretos, la segunda solo la puede dar el pueblo ejerciendo la democracia. La búsqueda del bien común, el desarrollo humano integral y el progreso material y espiritual de una nación, son responsabilidad de todos sus ciudadanos. Precisamente la palabra ciudadano (por supuesto, no en el tono despectivo como a veces se usa en el lenguaje policial en Cuba, sino como la entendió la revolución francesa y la entienden todas las democracias del mundo) significa aquella persona que ha tomado conciencia y responsabilidad del poder soberano que le otorga el ser parte de una república.

Entonces, en la organización de un Estado republicano y de democracia verdaderamente participativa y no solo electoral, el soberano es el pueblo, y el pueblo es la comunidad de ciudadanos en los que reside el poder de decir, de elegir, de gestionar, de administrar, los destinos de la nación.

Eso significa que la legitimación de toda elección para cargos públicos, incluida por supuesto la de presidente, parlamentarios, gobernadores y alcaldes (o sus similares), solo la puede dar el soberano.

Cuba, si desea transitar por el itinerario hacia una etapa más política, más participativa y más institucionalizada, debe buscar como valor primordial prioritario la legitimidad que únicamente pueden dar los ciudadanos con su voto libre, directo y secreto en elecciones plurales, transparentes, competitivas y acompañadas por observadores internacionales.

Todos los cargos, incluido el de presidente, deberían ser elegidos de forma secreta y directa por todos los cubanos y cubanas que tengan derecho al voto. Asimismo los electores tienen derecho a recibir la rendición de cuenta de todos los servidores públicos y no solo de los delegados, que son el nivel más bajo de los cargos electivos. La soberanía ciudadana debe ser libremente ejercida para interpelar la gestión de los servidores y revocarlos si no cumplieran con el servicio encargado.

Buscar y conseguir esa legitimidad ciudadana universal y directa, es y será la más alta garantía de una buena gobernanza, de la eficacia de la gobernabilidad y, sobre todo, de la estabilidad, la unidad en la diversidad y la incorporación de una ciudadanía libre, consciente y responsable a la gestión del bien público.

Cuba saldría ganando. Todos los cubanos y cubanas seríamos más responsables de nuestros destinos, y los más jóvenes tendrían una nueva motivación para salir de la desconexión y del panfleto, optar por permanecer aquí, y asumir las riendas de la Patria que tiene el deber de edificarles un hogar nacional, una Casa Cuba en que quepamos todos y todas.

Pinar del Río, 25 de marzo de 2017

122 aniversario del Manifiesto de Montecristi